Sin la presencia de Jair Bolsonaro inició el día martes la recta final del juicio contra el exmandatario de Brasil por el presunto intento de golpe de Estado. Al presentar su informe sobre la causa penal relacionada con la presunta conspiración golpista, el juez Alexandre de Moraes aseguró que los acusados buscaron imponer “una verdadera dictadura” en el país. Así, lo catalogó como una “verdadera organización criminal”, que intentó romper el orden democrático en momentos en que el país atravesaba “una nociva radical y violenta radicalización política”. “Solo queda lamentar que en la historia republicana brasileña haya habido un nuevo intento de golpe, atentando contra las instituciones y contra la propia democracia, para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura”, sostuvo el juez.
Por su parte, el fiscal general del país, Paulo Gonet, pidió a la corte que Bolsonaro y los otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático. Aunque no llegó a sugerir una pena, en caso de ser hallados responsables de los cargos, las penas máximas combinadas podrían alcanzar los 43 años de prisión. El exmandatario no asistió a la audiencia por cuestiones de salud. Sobre esto, la prensa local reportó que el exjefe de Estado, quien se encuentra en prisión domiciliaria, padece esofagitis. La familia de Bolsonaro ya había confirmado que afronta problemas de salud, por lo que no solicitó la autorización que requeriría para abandonar su domicilio y estar presente en las sesiones.
Los magistrados del alto tribunal debatirán los pormenores del caso durante al menos cinco días, desde ayer y hasta el viernes de la semana próxima, cuando está previsto que culmine toda la fase decisiva y se conozca la sentencia. Desde que ocurrió el presunto intento de golpe de Estado, con el asalto a las sedes de los tres poderes del país, por parte de simpatizantes de Bolsonaro, el 8 de enero de 2023, en total 1.190 personas han sido declaradas responsables de esos ataques contra el Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
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