Pese al mensaje que millones de personas expresaron el domingo pasado en las elecciones legislativas bonaerenses, donde el oficialismo nacional sufrió una dura derrota, el Gobierno de Javier Milei continúa gobernando a fuerza de vetos. Horas después de rechazar la Ley de Financiamiento Universitario, el golpe recayó sobre el sistema de salud y un emblema como el Hospital de Pediatría Garrahan.
La Ley de Emergencia Pediátrica había sido sancionada el 22 de agosto con amplio respaldo en el Congreso: 62 votos a favor, contra apenas ocho en el Senado. El proyecto contemplaba un aumento presupuestario, la recomposición salarial para el personal asistencial y no asistencial, y la asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año.
Sin embargo, este jueves a la madrugada se oficializó el veto mediante el Decreto 651/2025, que ordena: “Devuélvase al H. Congreso de la Nación el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”.
Lo de siempre: “No hay plata”
En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que la medida carece de financiamiento genuino y advirtió sobre un “impacto fiscal directo”, de más de $115 mil millones. Según la Casa Rosada, el gasto debería salir de reasignaciones dentro del Ministerio de Salud y de fondos destinados a contingencias, lo que “inevitablemente conduciría aa la desfinanciación de programas sanitarios vigentes”. El texto también alertó que la ley “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.
Incluso, el decreto cuestionó la exención del pago de Ganancias para el personal de salud pediátrico, al considerar que implicaría que $115 mil millones dejaran de ingresar al Tesoro. “Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público”, concluye el documento firmado por el Presidente y su gabinete.
El proyecto había nacido como respuesta a las reiteradas movilizaciones de los trabajadores del Garrahan. que denunciaron la falta de recursos, los bajos salarios y la creciente dificultad para garantizar insumos, medicamentos y tecnología médica. Además, la iniciativa declaraba al hospital como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad, consolidando su rol estratégico dentro de la red pública de salud.
El veto, que ya generó fuerte malestar en sindicatos y organizaciones sociales, también encendió las alarmas en las provincias, que esperan la definición sobre otra ley sensible: la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La Casa Rosada dilata esa decisión, mientras busca recomponer puentes políticos tras la derrota electoral. Pero entre los gobernadores predomina la desconfianza.
En paralelo, desde el círculo íntimo presidencial ratifican la línea dura: “Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”. La frase, lanzada por un alto funcionario en diálogo con Infobae, refleja la intransigencia oficial frente a iniciativas con impacto fiscal. Una postura que, lejos de aplacar el conflicto, lo amplifica: ahora la tensión se trasladó al corazón del sistema sanitario y a uno de los hospitales más emblemáticos del país.
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