De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión pública ejecutada durante 2024 que el Gobierno nacional destina a las provincias tuvo una disminución real (considerando la inflación) del 75% respecto al 2023. Este desfinanciamiento se pudo observar en los últimos días en, por ejemplo, la falta de recursos para sofocar los incendios en El Bolsón o la desinversión en seguridad en el Conurbano bonaerense.
Siguiendo los datos de la OPC, la caída del 75% está compuesta por una baja del 71,5% en la Inversión Real Directa (IRD) y del 76,7% en las transferencias de capital. En el desglose de este último concepto, la retracción estuvo impulsada por las transferencias hacia las provincias y municipios (-94%), empresas públicas (-60%) y fondos fiduciarios (-82%).
En cuanto a las funciones del gasto, cuatro áreas concentraron el 70% del total: energía, transporte, agua potable y alcantarillado, y vivienda. El recorte más acentuado se registró en transporte, con una caída real del 82,7%, seguida por agua potable (-82%) y vivienda (-81,6%).
En complementación, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) publicó un estudio que arrojó que en 2024 “las provincias sufrieron los mayores ajustes reales en las partidas transferidas para Educación (-70,3% frente al 2023) y para Seguridad Social (100%)”.
“Se verifican también potentes ajustes en las partidas para políticas alimentarias y el Fondo de Incentivo Docente. Fue eliminado el Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires. Las transferencias desde Nación a las provincias para financiar gasto de capital fueron reducidas en un 95,6%”, agregó el estudio.
Las consecuencias
En los últimos días estuvo en agenda el caso del repartidor asesinado en Moreno, caso por el cual desde el Gobierno nacional apuntaron contra la gestión de Axel Kicillof en materia de Seguridad. Al respecto, el gobernador expresó: “Si Milei realmente quiere colaborar con nuestra provincia, podría empezar por devolver los $749.000 millones de pesos del Fondo de Seguridad de los que se apropió ilegalmente”.
Es que el ajuste del Ejecutivo nacional en las transferencias a las provincias no solo afecta políticamente a los gobernadores, sino también a las personas que viven en ellas. Otro ejemplo claro son los incendios que ocurren en El Bolsón, donde los trabajadores de parques nacionales denuncian precarización y falta de recursos.
“Esto ocurre en el marco de una absoluta incertidumbre porque todos estos compañeros que colaboran para apagar los incendios están con contratos trimestrales desde el cambio de gestión. Es decir, que van a luchar contra el fuego y no saben si después van a seguir siendo contratados o despedidos, como ha venido ocurriendo”, sostuvo el delegado de ATE en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, Gabriel Brizuela.
Según la OPC, en Río Negro se destinaron tan solo $282 millones de pesos de IRD para la adquisición de equipos y herramientas contra el fuego. En tanto, no hubo transferencias de capital vinculadas a este rubro.
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