El gobernador Martín Llaryora presentó este martes el nuevo Acuerdo Federal junto a intendentes de toda la provincia, en un acto realizado en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial, y dijo que su gestión no se olvidó de los intendentes en los momentos más difíciles.
Y lanzó una advertencia: “Quienes me critican en mí partido, no entienden que trabajo para todos los cordobeses”.
El convenio, firmado en noviembre del año pasado, involucra unos $75 mil millones destinados a obras de infraestructura y refinanciación de deudas.
El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, quien estuvo al frente de la jornada, fue el encargado de abrir el evento. “El Acuerdo Federal dio mayor previsibilidad a los municipios en un contexto de crisis nacional. Habíamos creado marcos de diálogo para transitar uno de los años más difíciles desde el retorno de la democracia”, sostuvo ante más de 400 jefes comunales.
Agregó que habrá obra pública en todos los municipios, pero que serán los propios intendentes quienes definan qué obras ejecutar en cada localidad. “Porque fueron ellos quienes lo decidieron”, remarcó.
Calvo subrayó que 333 intendentes asumieron por primera vez, y lo hicieron en un año tan complejo como el pasado. “Por eso, este acuerdo marcó un antes y un después: consolidó las deudas de 196 municipios, que se refinanciarán en 120 cuotas, lo que permitirá planificar con los vecinos como protagonistas”, afirmó.
El acuerdo no incluyó a la Capital, por lo que no estuvo presente el intendente Daniel Passerini.
Una presencia destacada fue la del radical Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, quien se ubicó al lado de Llaryora en el escenario. Y al lado de Ferrer, Sara Majorel, la intendenta de Marcos Juárez, que milita en el PRO.
Además, en el recinto acompañaron numerosos intendentes, en su mayoría radicales.
“Es un día histórico. Esto es fruto de no haberme olvidado que fui intendente en uno de los contextos económicos más difíciles”, dijo Llaryora.
“Claramente había que ordenar la macroeconomía, y hemos acompañado muchas medidas del Gobierno nacional. Por su puesto que tenemos diferencias. Y una de las principales diferencias es un día como hoy, porque los números deben cerrar con la gente adentro, y el superávit es para generar trabajo”, agregó el gobernador.
Llaryora destacó también que había muchos intendentes que “privilegian a la gente por sobre su propio partido político”.
“Algunos no entienden que al que le toca ganar gobierna para todos. Para los que no gobiernan es fácil críticar. En esa crítica no están a la altura. Y quienes me critican en mí partido no entienden que trabajo para todos los cordobeses”, advirtió.
Para muchos, el acuerdo representa un respaldo clave frente a la caída de la recaudación provocada por la crisis; para otros, fue un salvavidas para cerrar las cuentas locales.
Desde el plano político, se convirtió en una herramienta útil para sumar adhesiones al cordobesismo, justo cuando comenzaron a delinearse los escenarios electorales en cada jurisdicción.
El paquete de fondos se conforma con aportes del Tesoro provincial —que resignó un 1% de su coparticipación— y con el esfuerzo de los propios municipios, que duplicaron el descuento aplicado sobre la coparticipación redistribuida automáticamente.
Según el Gobierno, el acuerdo se estructuró sobre tres pilares: la refinanciación de deudas con la Provincia, el Fondo Permanente para Obras y la distribución de Aportes del Tesoro Provincial (ATP).
Las deudas -en su mayoría con Epec, la Caja de Jubilaciones y por adelantos de coparticipación- ascienden a unos $15 mil millones. La gestión de Llaryora las refinanció a más de 150 municipios en un plazo de 10 años, con cuotas actualizables por CER.
En cuanto al Fondo Permanente, los municipios pasaron de aportar un punto a dos de su coparticipación, y la Provincia comprometió $15 mil millones adicionales. Este fondo reemplazó al Focom (Fondo Complementario de Obras), que había sido implementado en 2024.
Además, se previó un total de $40 mil millones en créditos para obras, a devolver en 60 cuotas sin interés. La asignación se resolvió en la Mesa Provincia-Municipios, integrada por foros de intendentes de todos los partidos, según la cantidad de habitantes.
El financiamiento resultó accesible tanto por el plazo (cinco años) como por el efecto de licuación de las cuotas con la inflación. El fondo, a su vez, se retroalimentaría con las devoluciones, permitiendo que un intendente accediera a más de un crédito durante el año.
La gestión de Llaryora apostó fuerte con el relanzamiento del Acuerdo Federal. Con la asistencia de la mayoría de los más de 400 intendentes firmantes, la foto del acto tendrá impacto político con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En paralelo, el oficialismo buscó fortalecer el vínculo con los intendentes más allá del calendario nacional, con la mirada puesta en 2027.
Desde el PJ provincial se alentó que jefes comunales radicales y del PRO desdoblaran las elecciones municipales de las provinciales. Un buen vínculo con intendentes no peronistas podría allanar ese camino.
En filas radicales y juecistas se interpretó que esa era la estrategia del llaryorismo: avanzar en la disputa por el poder provincial en el próximo turno electoral.
La Voz del Interior
