Universidades: la Justicia multó al Gobierno por no aplicar la ley de financiamiento
El fuero Contencioso Administrativo Federal volvió a meterse de lleno en la crisis presupuestaria de las casas de altos estudios. El juez federal Martín Cormick, al frente del Juzgado N° 11, le impuso una multa diaria de $100.000 al Gobierno Nacional debido al incumplimiento verificado de la medida cautelar que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.
La sanción económica, calificada legalmente como astreintes, se hizo efectiva este miércoles tras vencerse el apercibimiento dispuesto el pasado 30 de septiembre. La medida recae directamente sobre el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, en su carácter de titular de la jurisdicción responsable de la reasignación y acreditación de las partidas presupuestarias.
La denuncia del CIN y los salarios en la mira
La ejecución de las multas fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que ratificó ante la Justicia que el Poder Ejecutivo continuaba sin acreditar el cumplimiento de la cautelar. La resolución judicial exige dos puntos centrales de recomposición:
- Actualización salarial: Recomponer los haberes del personal docente y no docente frente a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.
- Fondos para becas: Garantizar la transferencia inmediata de los recursos destinados a las becas estudiantiles de grado y posgrado.
“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, dictaminó el magistrado en el fallo.
Tensión en aumento ante la Marcha Federal Universitaria
Pese a que desde el Ejecutivo argumentaron que se mantienen instancias de negociación salarial abiertas y anticiparon que apelarán la resolución, el juez Cormick subrayó que la cautelar se encuentra “activa, firme y de cumplimiento obligatorio”, habiendo sido convalidada previamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, el magistrado advirtió en su escrito que el monto fijado de $100.000 por cada día de retraso es inicial y que podrá ser incrementado, al tiempo que no descartó extender las sanciones personales a otros funcionarios de las carteras económicas y educativas si la desobediencia judicial persiste.
La decisión del tribunal se conoce en un clima de extrema tensión política y social, a horas de que se desarrolle una nueva Marcha Federal Universitaria en reclamo por la partida presupuestaria de las instituciones públicas de todo el país.
DIXITP.COM
