Más recortes: el Gobierno elimina subsidios y traslada el costo de los pasajes por discapacidad a las empresas
El Gobierno nacional avanzó con una nueva decisión que impacta de lleno en el sistema de transporte de larga distancia: eliminó el mecanismo mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La medida quedó oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, donde se dispone dejar sin efecto el régimen de compensaciones que alcanzaba a los servicios interjurisdiccionales de micros de larga distancia.
Pese a la eliminación de los subsidios, el propio texto oficial remarca que no habrá cambios para los usuarios alcanzados por la normativa vigente: las empresas continúan obligadas a emitir los pasajes sin cargo, tal como establecen las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, que protegen a los distintos grupos beneficiarios.
Desde el Ejecutivo justificaron la decisión en el nuevo esquema de desregulación del sector introducido por el Decreto 883/2024, que habilitó a las compañías a fijar libremente tarifas, recorridos, horarios y modalidades de servicio. Bajo ese argumento, sostienen que el contexto que originalmente justificaba los subsidios “cambió de manera sustancial”.
En esa línea, el Gobierno considera que, con mayor libertad de precios y operación, las empresas pueden absorber el costo de los pasajes gratuitos dentro de su estructura sin necesidad de asistencia estatal. Por eso, la resolución afirma que la “causa estructural” del régimen compensatorio quedó superada y su continuidad ya no es necesaria.
Sin embargo, la medida no elimina la obligación de gratuidad, sino que traslada completamente la carga financiera al sector privado. En adelante, las empresas deberán seguir garantizando los boletos sin costo, mientras el Estado deja de cubrir parcial o totalmente ese gasto.
El cambio se da en un contexto de fuerte tensión en el sistema de transporte, con aumentos acumulados en tarifas y una reducción de subsidios generales. En ese marco, distintos informes advierten que el costo del transporte viene ganando peso en el ingreso de los hogares, especialmente fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Mientras tanto, el Gobierno avanza con un esquema que reduce la asistencia estatal directa, pero mantiene obligaciones sobre sectores sensibles del sistema. En los hechos, el beneficio para los usuarios permanece intacto, aunque la financiación del mismo deja de estar a cargo del Estado y pasa exclusivamente a las empresas
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