El Gobierno endurece su postura frente al conflicto que paraliza los puertos
La Prefectura Naval Argentina intimó este martes a 536 trabajadores del servicio de practicaje y pilotaje a retomar de manera inmediata sus tareas, en un intento del Gobierno nacional por destrabar el paro que mantiene afectada la actividad en las principales terminales del país. La medida alcanza de lleno a los puertos bonaerenses, entre ellos La Plata, Dock Sud, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca, donde persisten las demoras en las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones.
La decisión fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en el que la Prefectura ordenó a los profesionales volver a prestar el servicio previsto en el Decreto 690/2026, norma que modificó el régimen de practicaje y pilotaje. El organismo advirtió que el incumplimiento podrá derivar en sanciones disciplinarias e incluso en denuncias penales, al considerar que se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación.
En el texto, la fuerza indicó que los trabajadores deberán “cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026”, e hizo referencia a artículos del Código Penal que contemplan sanciones para quienes pongan en riesgo la seguridad de la navegación o entorpezcan el transporte por agua.
En concreto, el conflicto comenzó el sábado, cuando prácticos, pilotos y baqueanos iniciaron un paro por tiempo indeterminado, tras la entrada en vigencia del decreto impulsado por el Gobierno nacional, lo que implicaba aceptar las nuevas asignaciones de trabajo, pero los profesionales decidieron rechazarlo hasta que la norma sea suspendida o derogada, al considerar que modifica aspectos centrales de la actividad.
El Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reemplaza el régimen vigente desde 1991. Entre otras medidas, crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval, habilita la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a establecer tarifas máximas y elimina distintas restricciones para el ingreso de nuevos profesionales.
La norma también elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos trabajadores, amplía los casos en los que determinados buques podrán operar sin contratar el servicio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.
Al defender la iniciativa, Sturzenegger sostuvo que el objetivo es reducir costos y aumentar la competencia en el sector, al destacar que la normativa “extiende la exención a los capitanes extranjeros y elimina barreras que reducían la competencia y escalaban los precios”. “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, consideró.
En parapelo, según el Centro de Navegación (CNAV), al menos 140 buques permanecen a la espera de la confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, situación que afecta el movimiento de cargas de exportación e importación, y advirtió que varias operaciones previstas en puertos argentinos fueron redireccionadas hacia Montevideo y terminales del sur de Brasil.
En rigor, entre los puertos bonaerenses afectados figuran La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca, además de otras terminales estratégicas para el comercio exterior y desde el sector advirtieron que “la situación se agravará hora tras hora” por la detención de toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías.
Cabe aclarar que, el conflicto también repercute sobre la logística energética que alcanza a los puertos bonaerenses de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, desde donde se distribuyen combustibles y petróleo hacia distintos puntos del país.
Pese a la intimación de la Prefectura, los trabajadores ratificaron la continuidad de la medida de fuerza, al señalar que solo mantendrán servicios esenciales para buques petroleros y de gas licuado con el objetivo de no comprometer el abastecimiento energético interno, y reiteraron que no retomarán la actividad ni abrirán una negociación mientras el Decreto 690/2026 permanezca vigente.
dixitp,com
