Se trata de los magistrados Viñas y Gómez Urso, a quienes la Justicia ordenó reintegrar a sus funciones en el Tribunal en lo Criminal N° 1 de la ciudad balnearia
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires resolvió, por unanimidad de sus miembros intervinientes, absolver a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, disponiendo el reintegro a sus funciones en el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata. Asimismo, dispuso remitir las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia provincial (SCBA) a fin que evalúe intervenir en el caso por vía disciplinaria; y que analice la posibilidad de optimizar las capacitaciones en materia de género.
Los magistrados actuaron en el primer juicio del caso Lucía Pérez, en el que se condenó a los dos principales acusados, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, por venta de drogas pero se los absolvió por el delito central de femicidio al considerar que no existió abuso sexual hacia la adolescente de 16 años, ocurrido en la ciudad balnearia en octubre de 2016.
Adicionalmente, exhortó a la Legislatura provincial y a la SCBA a que consideren instituir un régimen de responsabilidad de los magistrados que incluya una escala suficientemente representativa de las medidas sancionatorias que puedan ser aplicadas. Ello en tanto el sistema vigente exhibe que, a la hora de decidir, las medidas disciplinarias pueden ser exiguas y las del Jurado insuficientes o excesivas.
Por orden de votación, el Jurado, estuvo integrado por el abogado Lisandro Benito; el presidente de la Suprema Corte Daniel Fernando Soria; el abogado Guillermo Sagues; la senadora Gabriela Demaría; los abogados Ramiro Alonso López, Carlos Valdez y Diana Fiorini; y los senadores Ariel Martínez Bordaisco y Gustavo Soos; siendo el secretario del órgano Ulises Giménez. La lectura de la sentencia, como así también el desarrollo del jury se transmitió en vivo a través el Canal de YouTube del Jurado de Enjuiciamiento.
En los fundamentos de la resolución que estableció la absolución de los jueces Viñas y Gómez Urso se señaló que el Jury ha resuelto arraigadamente que los magistrados no responden por el contenido de sus decisiones. Se añadió que el objeto primordial del juicio político no consiste en revisar la corrección de los fallos judiciales y que, el mal desempeño, no se configura por la comprobación del error, aun expresivo de un grave desacierto, en que pueda haber incurrido un magistrado que dicta resoluciones en el marco de un juicio determinado.
Entre la amplia jurisprudencia y doctrina recopilada en el veredicto de 79 páginas de extensión se mencionó la sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto ha sostenido que los jueces —al gozar de independencia y estabilidad— únicamente pueden ser removidos de sus cargos en situaciones extremas, como cuando la sentencia es constitutiva de un delito o el juez actúa reiteradamente incurriendo de decisiones arbitrarias.
En cuanto a la necesidad de enjuiciar con perspectiva de género -eje de la acusación- el Jurado señaló que, a semejanza de lo que puede suceder con la interpretación o aplicación de otros principios constitucionales fundamentales o supraconceptos relevantes del ordenamiento jurídico, tales como el debido proceso, igualdad ante la ley, justificación racional de la decisión, interés superior del menor, control judicial suficiente, máximo rendimiento del recurso, buena fe, utilidad pública, pro consumidor, entre otros de análogo valor, pueden no ser observados o pueden valorarse de modo inadecuado por un juez o tribunal.
Para esos supuestos, consideró, están los remedios procesales que orientan el tránsito hacia la revisión de lo resuelto mediante las pertinentes vías recursivas. En este caso, detalló, lo actuado por los magistrados acusados fue observado por la Sala IV del Tribunal de Casación al anular parcialmente dicha sentencia y, posteriormente, por la Suprema Corte de Justicia local. Es decir, el controvertido fallo, fue efectivamente revisado y enmendado en lo pertinente en la instancia impugnativa. En su lógica interna el sistema recursivo corrigió los desaciertos; funcionó sin necesidad de ingresar al espacio del control disciplinario
El veredicto tomó en consideración la declaración ofrecida por el abogado Gustavo Adolfo Marceillac, quien actuó como representante de los padres de Lucía Pérez en el juicio penal que motivó el jury y hasta la presentación del recurso de casación, inclusive.
En calidad de testigo el letrado refirió que no hubo ningún tipo de limitación a los ofrecimientos de prueba de las partes en el marco de ese juicio. Aclaró, “tampoco lo hubiera permitido. Para eso me contrató la familia, para garantizarles un juicio justo…”.
Destacó, además, que toda la prueba ofrecida por su parte “fue aceptada”, que no fue “condicionado por el Tribunal durante el desarrollo del debate en ninguna oportunidad, en sus preguntas o, en su actuación”, ni advirtió que hubiera existido alguna “injerencia indebida de alguno de los miembros del Tribunal” para con las partes, así como “limitaciones a los temas que las partes trataron, ya sea en los interrogatorios o en sus alegatos”.
Al contestar el interrogatorio, Marceillac dijo que los jueces no se extralimitaron en modo alguno en el desarrollo del debate, ni hubo de parte de los jueces comportamientos que evidenciara malos tratos o falta de respeto a sus representados. En suma, recalcó que “el juicio en general se realizó con absoluta normalidad y respeto”. Por último, tras señalar que entendía que la sentencia del tribunal oral que fue objeto de recurso de su parte no ameritaba la promoción de un jury de enjuiciamiento contra los jueces, puso de manifiesto el buen concepto funcional que los jueces Viñas y Gómez Urso le merecían.
FUENTE: El Diario el Dia de La Plata
