El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que la provincia recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el pago de una deuda de $51.000 millones que el Estado nacional mantiene con el sistema jubilatorio provincial. La presentación se realizará a través de la Fiscalía de Estado del Chubut, luego de reiterados reclamos administrativos que, según el mandatario, no tuvieron respuesta.
“Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017”, sostuvo Torres en declaraciones al Diario Río Negro. El gobernador remarcó que el pedido no es nuevo y que la actual gestión lo viene planteando desde el inicio del mandato.
En este sentido, explicó que el conflicto afecta directamente a los aportantes chubutenses, que cuentan con una caja previsional propia. “Nuestros contribuyentes siguen aportando y, sin embargo, la Nación les debe nada más y nada menos que más de $51.000 millones”, enfatizó.
De acuerdo con información oficial del Ejecutivo provincial, el desequilibrio de la caja jubilatoria fue calculado por la ANSES, lo que refuerza el argumento del gobierno chubutense sobre la legitimidad del reclamo. “Avanzamos en la presentación ante el incumplimiento de los pagos que en su momento habíamos acordado”, agregó el gobernador.
La decisión de acudir al máximo tribunal se da en un contexto financiero delicado para la provincia. En las últimas semanas, el gobierno chubutense debió emitir letras por cerca de $60.000 millones para garantizar el pago del medio aguinaldo a los empleados públicos, que finalmente se acreditó el miércoles 24 de diciembre.
El retraso en la liquidación del beneficio generó protestas en distintos organismos estatales y obligó al Ejecutivo provincial a tomar medidas de emergencia. Entre ellas, se dispuso la extensión del horario de atención de las cajas del Banco del Chubut hasta las 14:30, para permitir que jubilados que no utilizan cajeros automáticos pudieran cobrar a tiempo y no debieran esperar hasta el viernes 26.
Los antecedentes con Economía y el acuerdo con Caputo
El conflicto previsional se suma a una relación compleja entre Chubut y el Ministerio de Economía de la Nación. En septiembre, Torres mantuvo una reunión con el ministro Luis Caputo, en la que se firmaron convenios bajo el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
En ese marco, se compensaron deudas que la provincia mantenía con la Nación por $100.000 millones, y Chubut asumió la responsabilidad de cuatro rutas nacionales como parte del acuerdo. En aquel momento, el Palacio de Hacienda sostuvo que el objetivo del régimen era “buscar soluciones conjuntas a las deudas y acreencias recíprocas, protegiendo fundamentalmente el equilibrio fiscal”.
Sin embargo, para el gobierno chubutense, esos entendimientos no resolvieron el problema de fondo vinculado a la caja previsional, lo que terminó empujando la decisión de avanzar por la vía judicial.
Un conflicto que se replica en otras provincias
Chubut no es el único distrito que mantiene una disputa abierta con el Gobierno nacional por fondos. En las últimas horas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reveló que la deuda por coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires supera los US$5.000 millones, un monto que, según graficó, equivale al costo de construir tres líneas de subte.
Macri aseguró que el diálogo con el Ejecutivo nacional continúa, pero no descartó volver a recurrir a la Corte Suprema si no se alcanza un acuerdo. “La Ciudad tiene derecho a esos recursos, no hay ninguna duda, lo ha dicho hasta la Corte Suprema, y hay una cautelar que indica que hay que empezar a pagar”, afirmó.
La decisión de Torres de llevar el reclamo a la Corte se inscribe en un escenario de tensión creciente entre las provincias y la Casa Rosada, atravesado por la discusión sobre recursos, déficit cero y sostenibilidad de las cuentas públicas.
Mientras el Gobierno nacional insiste en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, los distritos reclaman fondos que consideran propios y advierten sobre el impacto directo en salarios, jubilaciones y servicios esenciales. En ese marco, el máximo tribunal vuelve a perfilarse como árbitro clave de una disputa que promete escalar en 2024.
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