En el cierre del año, Javier Milei se anotó una de sus pocas victorias legislativas en el Senado de la Nación. Con 46 votos a favor y solo 25 en contra, el oficialismo consiguió sancionar en general el Presupuesto 2026, el primero que pudo sancionar desde el inicio de su gestión.
Para ello fue clave el apoyo de la oposición dialoguista del PRO, la UCR y buena parte las bancadas federales junto a algunos votos del peronismo díscolo.
Pero no solo el gobierno supo conseguir el acompañamiento en general sino que también logró respaldo en las votaciones en particular por capítulo. El amplio apoyo conseguido para el polémico artículo 30 sorprendió a propios y extraños: 42 a favor, 28 en contra y 2 abstenciones para un apartado que elimina los pisos obligatorios en inversión en ciencia y educación y que abre la puerta a restricciones presupuestarias.
En ese marco de fuerte tensión parlamentaria, el jefe del interbloque peronista en el Senado, José Mayans, cuestionó duramente el tratamiento del Presupuesto 2026 y denunció un “tratamiento exprés” impulsado por el oficialismo. El legislador formoseño advirtió que, al no haber acuerdo de labor parlamentaria, el Gobierno necesitaba reunir dos tercios para avanzar y acusó a La Libertad Avanza de “violentar el reglamento y la Constitución”.
Mayans apuntó directamente contra la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, a quien responsabilizó por el manejo de la sesión. “Bullrich se olvida o no conoce el reglamento. Inoperante como ministra de Seguridad, inoperante como presidenta del bloque”, lanzó, y denunció además un avasallamiento a los fueros parlamentarios: “Tratan a los fueros de los senadores como basura. No se pueden meter a nuestros despachos”.
Pese a las críticas, Bullrich consiguió su primer triunfo político en el Senado al imponerse en la votación que definió el mecanismo para aprobar la ley de leyes. Tras una semana de negociaciones para reunir los votos necesarios, el oficialismo logró destrabar el inicio del debate y avanzar con la estrategia de votar el Presupuesto por capítulos, un esquema que busca limitar cambios y blindar los artículos más sensibles del texto.
Desde la oposición también expresó su rechazo el senador Jorge Capitanich, de Fuerza Patria, quien cuestionó el enfoque del proyecto enviado por el Ejecutivo. “No sólo es equilibrio fiscal, que es muy importante, sino también equilibrio monetario y equilibrio del sector externo”, sostuvo, y reclamó que el Senado discuta “la tendencia secular del estancamiento en la Argentina” antes de convalidar el rumbo económico propuesto por el Gobierno.
Las críticas se ampliaron con la intervención del senador pampeano Daniel Pablo Bensusán, quien calificó al Presupuesto 2026 como “ilegal, ilegítimo e inmoral”, al advertir sobre el impacto del artículo 61 en las cajas previsionales provinciales. Según explicó, el Gobierno nacional busca condicionar a las provincias en el giro de fondos para jubilaciones. “Nación tiene que emprolijar los números y pagar lo que le deben a las provincias”, reclamó, al tiempo que recordó que “las cajas son de los trabajadores activos y los jubilados”.
En paralelo, el radical Maximiliano Abad adelantó el acompañamiento de su bloque al Presupuesto 2026, aunque marcó reparos sobre el sesgo del ajuste planteado por el Ejecutivo. El senador bonaerense sostuvo que la Argentina necesita una agenda orientada al desarrollo productivo, con especial atención en sectores como la pesca y el turismo, y remarcó que contar con un presupuesto aprobado es “indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”.
Sin embargo, Abad expresó una fuerte preocupación por la reducción de partidas destinadas a educación y ciencia, áreas que consideró estratégicas para cualquier proyecto de crecimiento sostenido. En ese sentido, recordó que la inversión en ciencia y tecnología representa actualmente apenas el 0,149% del PBI y cuestionó la mirada del oficialismo sobre el rol del conocimiento en el desarrollo económico.
Mientras el debate avanzaba en el recinto, el Gobierno intensificó las gestiones políticas fuera de escena. El ministro del Interior, Diego Santilli, se acercó al Congreso para reunirse con la senadora Patricia Bullrich, en una señal de la presión oficialista por asegurarse los votos necesarios para la aprobación del Presupuesto 2026 en una sesión atravesada por tensiones reglamentarias y fuertes cuestionamientos de la oposición.
La senadora Carmen Álvarez Rivero, de Córdoba y perteneciente a LLA, celebró que el Presupuesto 2026 prioriza el equilibrio fiscal como principio innegociable, respaldando la estrategia del oficialismo de ordenar las cuentas y eliminar canales discrecionales que eludían el control del Congreso. “Vimos como las discusiones de presupuesto, las emergencias se volvieron permanentes, transformando lo que debe ser excepcional, en regla. Eso vació en contenido el presupuesto y de control a este Congreso”, afirmó, y añadió que las consecuencias de ese manejo impactaron en toda la sociedad.
En contraposición, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro criticó la falta de obras públicas y los recortes en Educación y Ciencia. “Podemos ver con claridad cómo se castiga la Educación, el acceso a la Salud y a la vivienda. Parece hecho por un gobierno de consultores financieros, no nos dice para dónde vamos”, indicó. Sobre federalismo, agregó: “Se hace con el bolsillo, no con el corazón. Se hace invirtiendo recursos a lo largo y ancho de la Argentina para que cada provincia pueda tener condiciones estructurales para vivir de manera digna”.
Mientras la sesión entraba en la recta final, desde el oficialismo expresaron confianza en que cuentan con los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 sin cambios significativos, y se espera que la votación se produzca cerca de la medianoche, cerrando así un debate parlamentario marcado por la polémica, las tensiones políticas y la estrategia de blindar los artículos más polémicos del proyecto.
La propuesta de presupuesto llegó a sesión sin el polémico capítulo 11 que derogaba las leyes de financiamiento universitario y discapacidad, y que el gobierno nacional decidió no insistir para evitar que el proyecto retorne a Diputados.
Actualmente, la legislación establece destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto educativo a la Educación Técnico Profesional y el 0,8% del gasto presupuestario al reequipamiento de las Fuerzas Armadas
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