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Los diputados de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca denunciaron penalmente este viernes al ministro de Economía, Luis Caputo, por "irregularidades varias vinculadas al funcionamiento" del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
"En primer término, (Luis Caputo) ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados", escribió Strada en un extenso mensaje de X en el que compartió además el texto que presentó con sus colegas ante la Justicia.
Formalmente, los diputados de Unión por la Patria pidieron que se investigue al "chanchito de yeso" de Javier Milei por "violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157 del Código Penal), falsificación de documentos públicos (art. 293 del Código Penal), y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622, violación del secreto estadístico".
Strada explicó que "en octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026. Esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor".
"En segundo lugar, el Ministro Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique. Y adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial. De esta forma el Ministro Caputo incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622", agregó.
"El IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, dado que impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino", razonó la legisladora.
"Precisamente por dicha centralidad, el ordenamiento jurídico argentino ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales", sentenció.
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