¿Se viene un "corralito" en Paraguay?
El fantasma del "corralito" sacude con fuerza a Paraguay tras la intervención regulatoria sobre Ueno Bank, una de las entidades bancarias digitales más influyentes del país, que encendió el pánico entre sus usuarios y afectó de forma directa a casi 3 millones de personas. La parálisis del sistema revivió los peores temores de un bloqueo de fondos similar al ocurrido en Argentina durante la crisis del año 2001.La drástica medida fue dispuesta luego de una dura inspección del Banco Central, que detectó que la firma funcionaba con un índice de solvencia de apenas el 5,56%, un nivel excesivamente lejano al 12% mínimo que exigen las normativas regulatorias para operar. Ante la absoluta falta de respaldo financiero y el riesgo inminente de quiebra, la autoridad monetaria suspendió de inmediato la totalidad de las operaciones de la plataforma.
Frente al congelamiento de cuentas y la desesperación de los clientes, las autoridades activaron la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, un sistema que contempla una restitución de hasta 38.000 dólares por persona. En los papeles, la garantía cubriría al 97% de los ahorristas damnificados, aunque a pesar de la promesa oficial persiste una fuerte tensión entre aquellos clientes cuyos saldos superan holgadamente el tope de reintegro establecido.
El colapso de la entidad no solo salpica a usuarios particulares, sino que compromete de forma severa las arcas públicas debido a que el banco administraba cientos de millones de dólares pertenecientes a diferentes organismos del Estado. Entre los fondos atrapados en la maniobra sobresalen 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social, una caja crítica destinada al sostenimiento de la salud y las jubilaciones de la población paraguaya.
El terremoto económico derivó de inmediato en un violento cimbronazo político y social que se tradujo en protestas en las calles por parte de cientos de ahorristas y jubilados que exigen la devolución de su dinero. Acorralado por la falta de controles y los cuestionamientos a la fiscalización, el titular de la entidad monetaria, Carlos Carballo, presentó su renuncia, mientras que en el marco de la investigación penal ya se concretaron ocho personas detenidas y la oposición avanza en el Congreso con pedidos de juicio político contra el presidente Santiago Peña.
DIARIO CRONICA
