Entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, el Papa León XIV realiza su primera visita apostólica a la Argentina. Retornando a la tierra natal de Jorge Mario Bergoglio —el Papa Francisco— y constituyendo la primera visita de un pontífice al país desde la llegada de Juan Pablo II en 1987, el escenario socioeconómico que recibe al Santo Padre dista de ser próspero.

Un exhaustivo informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone cifras precisas a la realidad material del país, una drástica transformación estructural caracterizada por el achicamiento de la red productiva, la pérdida de poder adquisitivo, el disparo de la morosidad y un severo repliegue del Estado en áreas sensibles de protección social.

El shock sobre el aparato productivo y el mercado de trabajo

En los 32 meses transcurridos entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la trama empresarial argentina ha sufrido un severo proceso de erosión. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de empleadores en el país cayó de 512.357 a 480.067, lo que representa el cierre neto de 32.290 empresas.

una media de 33 unidades productivas desaparecidas por día

La hemorragia de empleadores ha afectado con particular ensañamiento al Comercio, que contabiliza la pérdida de 9.132 firmas. En términos relativos, la contracción más pronunciada se observó en los Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales -18,1 por ciento; el Servicio de transporte y almacenamiento, -17,8 por ciento, equivalente a 7.043 empresas; los Servicios inmobiliarios -14,2 por ciento, o 4.223 empresas y la Construcción ,-9,6 por ciento, perdiendo 2.099 firmas.

Esta reestructuración a la baja del tejido empresarial repercute directamente sobre el trabajo formal, empujando a miles de personas a trabajo informales, precarios y sin estabilidad. Los datos oficiales revelan una caída del 4,44 por ciento en el número de trabajadores registrados en unidades productivas, lo que implica la pérdida de 437.611 puestos directos. Al desglosar las cifras, es la Industria manufacturera encabeza la pérdida absoluta con 108.000 puestos destruidos, -8,9 por ciento; seguida por la Construcción con 81.089 empleos menos -un desplome porcentual del 17 por ciento-; el Transporte y almacenamiento con 72.737 despidos (-13,6%) y la Administración pública con 56.538 cesantías.

Un sistema que golpea a los eslabones más débiles de la sociedad

El impacto social se amplifica al contemplar a las trabajadoras de casas particulares —un sector históricamente sensible a las fluctuaciones del ingreso familiar—. En este rubro se perdieron 28.200 empleos formales, pasando de 629.660 a 601.460 personas registradas. Sumando el sector privado asalariado y el trabajo doméstico, el empleo registrado retrocedió en 465.811 puestos de trabajo: unos 480 empleos destruidos por día.

Como contrapartida, el mercado laboral exhibe una creciente precarización. Para el segundo trimestre de 2026, la tasa de informalidad trepó al 45 por ciento.

Esto significa que casi uno de cada dos trabajadores carece de cobertura de seguridad social y derechos laborales básicos.

A su vez, la desocupación abierta alcanzó el 7,9 por ciento, pero exhibe picos marcadamente más severos en los grandes centros industriales y urbanos, 11,5 por ciento en el Gran Rosario, 10,5 por ciento en el Gran Córdoba y 8,2 por ciento en el Gran Buenos Aires. La vulnerabilidad del desempleo golpea con mayor intensidad a los jóvenes y a las mujeres, registrándose una tasa de desocupación del 17,1 por ciento entre las mujeres de 14 a 29 años.

Ingresos en erosión y la espiral del endeudamiento familiar

La dinámica de los ingresos no ha logrado amortiguar el deterioro del empleo. En agosto de 2026, los salarios registrados reales del sector privado se encontraban un 2,3 por ciento por debajo de su nivel de noviembre de 2023. Sin embargo, la brecha más honda se observa en el sector público, que acumula un desplome del 15,3 por ciento en términos reales, con una situación críticamente acentuada en la Administración Pública Nacional, cuyos haberes reales retrocedieron un 35,7 por ciento. En el consolidado general, el salario registrado ajustado por inflación es un 7,0 por ciento inferior al del inicio de la gestión.

La otra cara de este fenómeno de ajuste y crisis generalizado, golpea de lleno en el sistema previsional. Si bien las jubilaciones que no perciben el bono compensatorio registran un leve descenso real del 1,2 por ciento en comparación con el último trimestre de 2023, la situación de la jubilación mínima resulta crítica.

El bono compensatorio de $70.000 se encuentra congelado desde marzo de 2024, si esta situación se hubiese actualizado con el índice de movilidad aplicado a los haberes principales, dicho bono debería haberse posicionado en $226.875 en octubre de 2026. Esta discrepancia implica que los jubilados de menores ingresos sufren una quita implícita de $156.875 mensuales. Consecuentemente, el haber mínimo con bono ha perdido un 19,2 por ciento de su poder de compra en términos reales.

La persistente caída en la capacidad de compra de las familias ha desencadenado una mutación en las estrategias de subsistencia, el recurso más urgente fue el acceso al crédito para financiar consumos elementales. El endurecimiento de las tasas de interés combinado con la iliquidez de los hogares derivó en un récord de mora.

En el sistema bancario tradicional, la irregularidad del crédito a las familias alcanzó en agosto de 2026 el 12,8 por ciento, una marca que no registraba niveles parecidos desde la crisis del año 2001. En el canal no financiero —integrado por las tarjetas de crédito emitidas por comercios y casas de electrodomésticos—, el incumplimiento de pagos trepó al 34,2 por ciento, fijando un máximo histórico absoluto que supera los picos observados durante la pandemia en 2020 –27,1 por ciento-.

La reestructuración del gasto público y el repliegue del Estado social

La segunda dimensión de la radiografía trazada por el informe del CEPA analiza la ejecución presupuestaria real del Gobierno Nacional acumulada a septiembre de 2026, en comparación con el mismo período de 2023. El presupuesto público muestra recortes generalizados en prácticamente todos los organismos e iniciativas destinadas a sostener derechos básicos.

En el área de Salud, los recortes afectan tanto a instituciones emblemáticas como a programas sanitarios clave. La ejecución de la Superintendencia de Servicios de Salud se contrajo un 73,4 por ciento, la ANMAT un 35,6 por ciento y el Instituto Malbrán un 30,4 por ciento. La red hospitalaria nacional evidencia bajas sustanciales, el Hospital en Salud Mental Laura Bonaparte cayó un 52,7 por ciento, el Hospital Dr. Baldomero Sommer un 47,9 por ciento, el Hospital Ramón Carrillo un 43,8 por ciento y el Hospital Posadas un 26,6 por ciento.

A nivel programático, los fondos para Atención Sanitaria en el Territorio y para la Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles presentaron una ejecución nula. Las partidas destinadas al abordaje de Patologías Específicas disminuyeron un 74,6 por ciento, y las de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra cayeron un 43,9 por ciento. Como contrapunto, el INCUCAI registró un incremento real presupuestario del 58,1 por ciento.

El Impacto de la motosierra en las infancias y adultos mayores

En el ámbito de la Seguridad Social, Niñez y Derechos Humanos, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia experimentó una caída del 74,9 por ciento en su ejecución, en tanto que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se redujo un 78,5 por ciento. En las transferencias sociales, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) retrocedió un 34,2 por ciento, las Pensiones No Contributivas un 24,3 por ciento y las transferencias hacia el PAMI un 25,2 por ciento.

Por su parte, las políticas hacia pueblos originarios, reorganizadas en el programa de Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas, registraron un recorte del 50,5 por ciento, mientras que en el ámbito de los Derechos Humanos se destaca una parálisis presupuestaria en la Defensoría del Público (-73,0%) y recortes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (-34,3%).

El presente y el futuro en crisis

El sector de Educación, Ciencia y Cultura muestra un fuerte repliegue de los programas nacionales. La Agencia I+D+i sufrió un recorte del 89,9 por ciento, virtualmente paralizando el financiamiento a proyectos de investigación aplicada, al tiempo que el CONICET redujo su ejecución en un 36,3 por cientoy el Servicio Meteorológico Nacional en un 42,8 por ciento.

En infraestructura y políticas educativas, programas estratégicos como Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles mostraron una ejecución nula (-100%). Las partidas destinadas a Infraestructura y Equipamiento escolar cayeron un 97,1 por ciento, el programa de Formación Docente retrocedió un 92,0 por ciento y la Asignación de Becas a Estudiantes experimentó un recorte del 84,7 por ciento.

Finalmente, la Obra Pública y la Infraestructura de Transporte concentran las caídas más severas de todo el presupuesto nacional. La Dirección Nacional de Vialidad redujo sus ejecuciones en un 81,5 por ciento. Diversas líneas de desarrollo de obras presentaron parálisis total (-100%), entre ellas los programas de Infraestructura en Municipios, Obras Viales fuera de la Red Nacional y Obras de Seguridad en Rutas Nacionales. La inversión en el Desarrollo de Obra Pública cayó un 97,9 por ciento, el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo un 94,7 por ciento y las obras de Pavimentación un 93,1 por ciento.

La confluencia de estos indicadores configura una radiografía socioeconómica donde las presiones del ajuste presupuestario se trasladan de forma directa sobre las condiciones materiales de vida de los sectores más frágiles. En este escenario de marcada fragilidad social e institucional, la llegada del Papa León XIV sitúa el debate sobre la equidad, el trabajo y el rol del Estado en el centro prioritario de la agenda pública del país.

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