CIUDAD DE PANAMÁ.- Un potente terremoto, con una magnitud de 7,7 grados en la escala de Richter, sacudió este viernes Panamá, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), lo que inicialmente activó alertas por posibilidad de olas de tsunami en algunas zonas de las costas de Panamá y otros países de la región. Las autoridades no reportaron víctimas fatales por el sismo, que dejó edificios dañados.

El sistema de alerta de Estados Unidos advirtió además en un primer momento que en las primeras horas posteriores al temblor podía haber olas peligrosas de tsunami en las costas de Panamá y Colombia, una alerta que levantaron más tarde.

El terremoto se registró a las 12.56 locales (14.56 en la Argentina) con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, una localidad rural en la provincia de Herrera, el centro sur del país, y se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá, donde algunos edificios temblaron y se ordenaron evacuaciones.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la provincia de Chiriquí.

Varias réplicas importantes, incluso de 6, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Notable quake, preliminary info: M 7.6 - 10 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama https://t.co/tlY0Y1cegU

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 9, 2026

El suministro de energía eléctrica se vio interrumpido en sectores de seis provincias de Panamá tras el temblor, según la empresa líder en el sector energético panameño Naturgy.

Además, los medios locales informaron que el Aeropuerto Internacional de Panamá cerró temporalmente como medida de seguridad.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió a los organismos que están tomando medidas tras el terremoto que hagan un “llamado a la calma”.

Alerta por olas peligrosas

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por su sigla en inglés), emitió una alerta de posibles “olas peligrosas” a lo largo de las costas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. El sistema también indicó que existía riesgo de tsunami en Hawái, mientras el Servicio de la Armada de Chile emitió amenaza de tsunami para sus costas tras el terremoto en Panamá.

Imágenes desde Penonomé. La gobernación y la Catedral quedaron bastante afectadas. pic.twitter.com/xE9HqfOw75

— Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) October 9, 2026

Una hora más tarde, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó a sus socios internacionales en el Pacífico que el riesgo de tsunami ya había pasado y que no existe amenazas.

También el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) canceló la amenaza de tsunami para las costas chilenas.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile, Alicia Cebrián, declaró estado de precaución para la isla de Pascua, “es decir, hay que abandonar la zona de playa” en este territorio insular localizado en el Pacífico.

“Se está trabajando en la elaboración de la alerta amarilla y monitoreando el resto de la costa de nuestro país para poder evaluar si es necesario generar algún otro proceso en alguna de las regiones” , complementó la funcionaria chilena.

El terremoto se sintió también en otros países, especialmente en Costa Rica y en Colombia.

Imágenes en redes sociales y medios locales mostraron algunos daños materiales como techos caídos en universidades y gente siendo evacuada de edificios. Residentes visiblemente alterados se congregaron en el exterior a la espera de noticias sobre el impacto del sismo.

Residentes de la Ciudad de Panamá, visiblemente conmocionados, se congregaron en las calles al sentir el fuerte temblor.

“Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados”, dijo Rosendo Domínguez, un residente de 60 años oriundo de Herrera, la provincia donde ocurrió el sismo. “Toda la gente está afuera asustada”.

Afectación en la vía de Torio en Mariato, provincia de Veraguas tras fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país. pic.twitter.com/tWHJMeVAAh

— Tráfico Panamá (@traficocpanama) October 9, 2026

Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá. También hay serios daños en una iglesia y grietas en otros edificios, de acuerdo con esos reportes.

“Estoy en estos momentos en shock y no he podido comunicarme con mi familia”, dijo Luis Poveda, trabajador de una fábrica en Santiago de Veraguas, centro del país.

“Todos salimos corriendo afuera del edificio, las líneas eléctricas estaban moviéndose y todo el personal salió afuera”, indicó Arnulfo Santos, otro trabajador de una fábrica de harina en Santiago.

Autoridades a cargo del Canal de Panamá, por donde atraviesa alrededor del 3% del comercio marítimo mundial, dijeron que, preliminarmente, seguía operando normalmente.

Agencias Reuters, AFP y AP

David J. Rush, un ex alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en Virginia después de que las autoridades lo acusaran de utilizar su posición y fondos del gobierno para enriquecerse mediante la compra de propiedades de lujo en Florida y la adquisición de cientos de lingotes de oro.

El exagente de la CIA que compraba casas de lujo en Florida

“Rush utilizó su autoridad legítima dentro del gobierno y fabricó credenciales personales para generar confianza en sus instrucciones”, señalaron los documentos judiciales citados por la fiscalía.

De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, Rush, de 49 años, habría inventado un programa gubernamental “altamente clasificado” para justificar la adquisición de propiedades de lujo en el sur de Florida que posteriormente pretendía revender para obtener ganancias personales.

En uno de los episodios investigados, el exfuncionario ordenó transferir aproximadamente US$145 millones a una sociedad de cartera creada bajo sus instrucciones. Parte de esos fondos fue utilizada para adquirir cuatro propiedades de lujo en Palm Beach y Hobe Sound, Florida.

La investigación también determinó que Rush autorizó vuelos privados por más de US$1,8 millones para uso personal con cargo al gobierno.

Según el Departamento de Justicia, el perjuicio total para el gobierno federal derivado de las actividades fraudulentas atribuidas a Rush alcanzaría aproximadamente US$194 millones.

Cómo encontraron los US$40 millones en lingotes de oro

Según NPR, la investigación tomó otra dimensión cuando agentes registraron la vivienda de Rush en Ashburn, Virginia, el 19 de mayo de 2026.

Durante el operativo, las autoridades encontraron aproximadamente 300 lingotes de oro, cerca de US$2 millones en efectivo y alrededor de 35 relojes de lujo.

Los documentos judiciales anteriores situaron el valor de los lingotes en aproximadamente US$46 millones. La acusación sostiene que Rush habría obtenido el oro mediante otra operación gubernamental ficticia que presentó como una actividad sensible para justificar su adquisición.

Rush había defendido previamente que los lingotes fueron obtenidos de manera legítima. Su abogada, Jessica Carmichael, sostuvo durante una audiencia que el hallazgo del oro había sido presentado de manera sensacionalista y afirmó que su cliente lo mantenía guardado en una caja fuerte en el sótano.

“Rush nunca afirmó que fueran suyos”, dijo la abogada durante aquella audiencia. La declaración de culpabilidad anunciada el martes corresponde a un cargo de fraude electrónico, que contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

El juez federal Michael Nachmanoff tiene previsto dictar sentencia el 28 de enero de 2027, en Alexandria, Virginia.

Las falsas credenciales militares y académicas que presentó el exfuncionario de la CIA

Según los documentos judiciales, Rush proporcionó información falsa sobre sus antecedentes académicos y militares al solicitar empleos.

Según los investigadores, afirmó que había sido piloto de la Armada estadounidense y que había obtenido una licenciatura en la Universidad Clemson, en Carolina del Sur, además de una maestría en el Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York.

Las autoridades determinaron que no había sido piloto de la Armada y que tampoco había estudiado en esas dos instituciones.

Rush se había incorporado a la Armada en 1997 y fue dado de baja honorablemente de la reserva con el rango de teniente en 2015. El caso también incluye una acusación particularmente sensible.

Según documentos judiciales, durante un interrogatorio reconoció haber proporcionado a un funcionario de un gobierno extranjero información sobre la identidad de una fuente secreta del gobierno de EE.UU.. Los documentos no identifican al país al que pertenecía ese funcionario.

“Los empleados federales tienen la responsabilidad de servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos”, afirmó el fiscal general Todd Blanche tras conocerse el caso.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que la agencia remitió inmediatamente el asunto al FBI después de que una investigación interna encontrara indicios de los delitos atribuidos a Rush. “David Rush abusó de su posición y traicionó la confianza pública, y debe rendir cuentas plenamente por sus acciones”, afirmó Ratcliffe.

El fallo de la Corte Suprema, que restablece los límites a la venta de tierras a extranjeros, le dio aire al Gobierno. La resolución favorece sus intentos por desactivar la megasesión convocada por la oposición para rechazar el DNU 70/23 sin pagar un costo político significativo. Si el número para habilitar el debate en el recinto estaba lejos, ahora todavía más.

Es que ofrece una vía de escape a los diputados indecisos, mayoritariamente de bloques provinciales, que se encontraban en la incómoda posición de tener que defender una cuestión sensible para sus distritos, pero sin intención de hacer caer el megadecreto y desobedecer a sus gobernadores. “Les dio la excusa perfecta”, dijo un legislador opositor, sobre el curso de acción que podrían adoptar ahora los cordobeses que responden a Martín Llaryora o los santafesinos de Provincias Unidas, como Gisela Scaglia.

Los apoyos para alcanzar el quorum se reducirían hoy a 115 votos, incluso en el cálculo más favorable, según el conteo de algunos diputados al tanto de las negociaciones. Una cifra que deja a la oposición a 14 voluntades de las 129 necesarias para habilitar el debate en el recinto.

Pese al giro que representa, la definición de la Corte resultó “hiper esperable” tanto para libertarios como para opositores, aunque con efectos políticos bien distintos para unos y otros. Esta semana, legisladores de Unión por la Patria (UP) y otros bloques críticos ya daban por descontado que, a más tardar el martes, llegaría un “salvataje” por parte del máximo tribunal. Y por ende, asumían la dificultad de dar con las voluntades necesarias para avanzar con la sesión.

Sin embargo, anticipaban que llevarían hasta las últimas consecuencias el intento de voltear el DNU 70/23 del Gobierno. “No podemos, no debemos bajarnos”, advertían. Tras el pronunciamiento de la Corte, ratificaron la convocatoria para el próximo jueves 15 de octubre, si bien admiten algunos que “se diluye el corazón de la convocatoria”.

En efecto, la ausencia de límites a la venta de tierras a extranjeros tocó de lleno la discusión sobre la soberanía y despertó un fuerte rechazo social y cuestionamientos de buena parte del arco político. La polémica empujó a legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y algunos bloques provinciales a cerrar filas en defensa de la normativa, envalentonados por la posibilidad de retomar una vieja disputa: hacer caer el megadecreto de Milei.

Discapacidad y morosidad

Despejada, a priori, la cuestión de tierras, la oposición buscará apoyarse el próximo jueves en otros dos focos críticos para el Gobierno, que fueron incluidos estratégicamente en el temario de la convocatoria: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la que refiere a morosidad familiar. Dos temas que podrían servir de anzuelo para convencer a los indecisos de bajar al recinto.

RECULANDO EN CHANCLETAS

La Corte toma nota del moco que se mandó con la ley de tierras y da marcha atrás. Vuelve a poner en vigencia la normativa original.
El escenario de rechazo parlamentario al DNU 70 y el repudio social que generaron su decisión le paso factura.
Más allá de… https://t.co/C44QwN7TSY

— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) October 9, 2026

También sigue de cerca la marcha universitaria convocada para ese mismo día en reclamo de mayor financiamiento, con la expectativa de que la movilización sume presión política.

La estrategia de los libertarios, en tanto, apunta a trasladar el debate por morosidad y discapacidad a una megasesión propia el 21 de octubre, en la que aspira a incluir los proyectos sobre Malvinas e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para cerrar cualquier margen, por mínimo que sea, de que prospere la ofensiva opositora.

A fines de contener la avanzada, el oficialismo intentará, además, dar señales de “autonomía” respecto de la decisión de la Corte la próxima semana e insistirá con la maniobra que ya había ensayado para desactivar la sesión: incorporar el debate sobre la Ley de Tierras al tratamiento en comisiones del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Aunque los libertarios ya evaluaban esta alternativa, la decisión tomó forma el miércoles, cuando sus aliados les exigieron una respuesta inmediata en una reunión con representantes de LLA y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, convocada originalmente para discutir el Presupuesto.

De esta forma, el próximo miércoles podría presentarse una propuesta basada en los planteos de los bloques dialoguistas para derogar el artículo 154 del DNU 70/23 —hoy suspendido transitoriamente por la Corte— e introducir modificaciones a la Ley de Tierras.

Eso sí, según advierten algunos libertarios, sin alterar los topes establecidos en la normativa, una disputa que el oficialismo ya perdió en el Senado cuando intentó elevar al 25% el límite del 15% de tierras que pueden quedar en manos extranjeras.

Con esta iniciativa, el Gobierno buscaría establecer un “marco jurídico” para la adquisición de tierras por extranjeros y, sobre todo, separar esa discusión del DNU 70/23, con el objetivo de blindar el megadecreto frente a un eventual rechazo legislativo.

La Corte Suprema parece haber perdido, desde hace tiempo, una de sus principales virtudes institucionales, la “sensibilidad contextual”. Me refiero a lo que el académico norteamericano Martin Shapiro considerara uno de los elementos más distintivos de la racionalidad decisoria de los buenos tribunales, para asegurar su propia supervivencia institucional.

Luego del 2001, y con Ricardo Lorenzetti a la cabeza, la Corte Suprema supo hacer un esfuerzo notable para recuperar legitimidad social, en un contexto severamente hostil al tribunal.

Desde hace años, en cambio (me arriesgaría a decir que desde el fallo “Muiña” y, sobre todo, a partir de los conflictos internos que se han sucedido en el tribunal), la Corte Suprema se muestra desnorteada, lo que la lleva a reaccionar, como en estos casos, de modo incomprensible y torpe.

Algunos ejemplos de lo que señalo se derivan del mismo lenguaje utilizado por el tribunal en sus comunicaciones recientes cuando, con sobreactuado énfasis, afirma lo que de otro modo sabe que niega. Así, en el fallo “CECIM” (cuando la Corte dejó sin efectos los límites a la venta de tierras a extranjeros), en una inédita aclaratoria dada a conocer al día siguiente, sostuvo que la decisión tomada era meramente “procesal” y “técnica”, y que por tanto no afectaba lo “sustantivo” del caso (cuando, en los hechos, ¡la Corte volvía a dar vida al artículo de un decreto que derogaba una ley!).

Y ahora, cuando señala que su fallo “de ninguna manera puede ser considerado como un apartamiento o una modificación de criterio” respecto de lo decidido en ‘CECIM’ (cuando se trata de un apartamiento inexplicable, decidido con una velocidad prodigiosa).

Oportunismo

En segundo lugar, subrayaría el problema que representa para nosotros, ciudadanos, esta discrecionalidad y -lamento decirlo- oportunismo que viene mostrando la Corte en sus decisiones. Una vez más, en el fallo “Árbol de Pie”, los jueces de la Corte presentan enfáticamente como virtud lo que reconocen, entonces, como defecto: se proclaman a sí mismos “celosos custodios de la Constitución Nacional” y atentos “ante las circunstancias concretas de cada caso” (SIC).

Pero lo cierto es que ninguna persona atenta a su actuación puede, de buena fe y con buenas razones, explicar por qué es que esa Corte “celosa custodia” de la Constitución hace tres años que permite la subsistencia legal del DNU 70/2023, que es manifiestamente inconstitucional (al derogar leyes, modificar Códigos, etc.). Ello así, cuando tiene en su poder decenas de causas que le permitirían tomar una decisión al respecto, aun alguna como “CGT”, bien fundada y con irreprochable legitimación.

Tampoco se entiende cómo se compatibiliza esa incomprensible demora frente a lo imperioso (salvaguardar la Constitución, pudiendo y debiendo hacerlo como principal custodio de las reglas del juego democrático) con una decisión como “Árbol de Pie”, tomada con un incomprensible atolondramiento.

No se entiende tampoco cómo trató la cuestión de la legitimación en un caso y en otro (volveré sobre esto enseguida); ni por qué no atendió ambas causas conjuntamente y como causas conexas (y no sucesivamente, y de este modo); ni por qué en este caso concede una cautelar que en “CECIM.” fulminaba; ni por qué algunos jueces dicen que ahora no pueden conceder una cautelar, cuando en otros casos similares lo hacían, como parece señalarle Lorenzetti y la mayoría a Rosenkrantz, frente a su parcial disidencia. Ellos remarcan: “El Tribunal cuenta con atribuciones suficientes para disponer las medidas necesarias para preservar los bienes jurídicos que se invocan como afectados, más allá de las reglas que rigen su competencia, ie. en Ibarrola”.

Finalmente, querría llamar la atención sobre el elemento jurídico que apareció como la “mera cuestión técnica” o “procesal” de la que “únicamente” se ocupara la Corte en “CECIM”, y que también juega un papel central en “Árbol de Pie”: la cuestión de la legitimación activa (en lo que nos interesa, si el demandante tiene un interés directo en la causa, necesario para sostener su reclamo).

El complejo tema “técnico” de la legitimación es, junto con otras cuestiones “técnicas” de índole similar (como la “jurisdicción” o “competencia” del tribunal), la gran “excusa jurídica” que vienen utilizando nuestros tribunales para intervenir en los casos que quieren intervenir, y no hacerlo cuando no quieren.

Lo cierto es que tener una concepción más “abierta” o “cerrada” de la legitimación conlleva consecuencias legales importantísimas: tribunales más abiertos a la ciudadanía, o más cerrados a sus demandas. Y no hay nada inherente a los requisitos esenciales del rule of law, que exija que se adopte una versión más amplia o restringida de la legitimación.

Puertas abiertas

En India, en los años 80, a través de jueces como Bhagwati J, y en casos como P.U.D.R. v. India, o Metha v. Union of India, la Corte propuso que “las puertas del tribunal” quedaran “abiertas de par en par a los pobres y a los menesterosos” y avanzó una concepción radicalmente amplia sobre la legitimación.

Las dos mejores Cortes Constitucionales de la región -la de Colombia y la de Costa Rica- han favorecido también formas de legitimación amplísimas, amparadas en ciertos recursos jurídicos existentes (la tutela, la acción popular, la acción de incumplimiento).

En los Estados Unidos, hasta fines del siglo XIX, los requerimientos en la materia de legitimación eran muy laxos, pero por razones distintas comenzaron a endurecerse en las últimas décadas, en particular a partir de casos como Lujan v. Defenders of Wildlife, de 1992, y la intervención del juez conservador y originalista Antonin Scalia. Scalia fue quien más promovió una versión cada vez más restrictiva de la legitimación, exigiendo en la demanda la presencia de una “lesión real,” un “carácter concreto”, una conexión de “causalidad” fuerte, y una clara “posibilidad de reparación.”

En la Argentina, el reformado artículo 43 de nuestra Constitución fue muy generoso en la materia (permitiendo con amplitud la solicitud de amparos o cautelares en defensa de los derechos), y fue la propia Corte la que, a través de interpretaciones no fácilmente justificables, fue ampliando o restringiendo casi a piacere los requerimientos de legitimación. En “CECIM”, la legitimación operó como su “excusa técnica” para intervenir sobre el fondo del asunto (volviendo a dar vida al art. 154 del DNU 70/2023) cuando decía no lo hacía, mientras que en “Árbol de Pie”, la Corte decidió sobre el fondo del asunto pero “precautoriamente” y sin resolver la cuestión de la legitimación, que en “CECIM” parecía tener tan clara. Minucias.

En mi opinión, en un aquí y ahora caracterizado por graves violaciones de derechos constitucionales (que se prolongan en el tiempo); y por una crisis extrema de la representación política; constituye un gran problema que la Corte se incline por una concepción restrictiva de la legitimación, porque de ese modo cierra una de las últimas vías de reparo institucional que le quedan a la ciudadanía para reclamar por sus derechos. Más grave todavía es que lo haga invocando exigencias “técnicas” que le impedirían decidir de otro modo; y aún peor que lo haga discrecionalmente, sin que podamos conocer, como ciudadanos, cuándo, por qué y de qué modo es que podemos reclamar por nuestros derechos.